Cobro

Administrativo

Esta es la primera etapa y la más amigable. El objetivo es lograr que el deudor pague de forma voluntaria. Se utilizan métodos como llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o cartas formales para recordar al deudor su obligación. El tono de la comunicación es conciliador y busca negociar un acuerdo de pago o una refinanciación de la deuda. En esta fase, no se ejerce presión legal, sino que se busca una solución de mutuo acuerdo.

Cobro

Pre-Jurídico

Si el cobro persuasivo no tiene éxito, se pasa a esta etapa. Aunque aún no hay una demanda judicial, la comunicación se vuelve más formal y seria. Generalmente, una firma de abogados o una agencia de cobranza especializada envía un comunicado (llamado «carta de cobro pre-jurídico») en el que se informa al deudor sobre las posibles consecuencias legales de su falta de pago y se le da un último plazo para cumplir con su obligación. El objetivo es presionar al deudor para que pague antes de que se inicie un proceso judicial.

Cobro

Jurídico

Esta etapa se inicia cuando se agotan todas las vías amistosas y pre-jurídicas. El acreedor, a través de su abogado, presentó una demanda formal ante un juez civil. En este punto, el caso ya está en manos de la justicia. El juez analiza las pruebas (como facturas, pagarés o contratos) y, si determina que la deuda es válida, emite una sentencia que obliga al deudor a pagar, también se pueden solicitar medidas como el embargo de bienes (inmuebles, vehículos), la retención del salario o el congelamiento de cuentas bancarias del deudor hasta que la deuda sea saldada.